El vocero presidencial, Manuel Adorni, ha confirmado que el Gobierno ha suspendido más de 110.000 pensiones por discapacidad. En una conferencia de prensa, Adorni detalló que 110.522 pensiones fueron consideradas mal otorgadas en gestiones anteriores.
Además, el vocero informó que se dieron de baja otras 8.107 pensiones que correspondían a personas fallecidas y 10.038 pertenecían a individuos que decidieron renunciar a su pensión. Estas acciones se enmarcan en un intento del gobierno por corregir lo que consideran irregularidades en el sistema de pensiones.
Críticas y Reacciones
La decisión del gobierno ha suscitado reacciones mixtas en el ámbito político y social. La CGT y diversas organizaciones sociales han manifestado su preocupación, afirmando que el ajuste no debe basarse en la destrucción del empleo. Estas voces críticas han puesto de relieve el impacto que esta medida podría tener en la vida de muchas personas que dependen de estas pensiones.
El presidente Milei ha defendido su postura, argumentando que se ha descubierto una actividad fraudulenta a gran escala en el sistema de pensiones, con un estimado de desvío de fondos que asciende a u$s1.000 millones por año. En ese sentido, Adorni afirmó que entre 2003 y 2015, el número de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.045.000, lo que considera un aumento desproporcionado en comparación con otros países.
La Perspectiva del Gobierno
El vocero presidencial subrayó que este cambio es parte de un esfuerzo más amplio para combatir un sistema que, según él, ha sido corrupto. En sus declaraciones, insistió en que muchos en el Congreso defienden este sistema corrupto que ha desviado fondos destinados a ayudar a los ciudadanos.
El anuncio de la suspensión de pensiones se produce en un contexto de creciente tensión política, donde el gobierno de Milei enfrenta desafíos tanto dentro como fuera del Congreso. La oposición ha comenzado a movilizarse, cuestionando la decisión y pidiendo una revisión más profunda de las políticas de pensiones.
Conclusión
La suspensión de más de 110.000 pensiones por discapacidad representa un cambio significativo en la política social del gobierno de Javier Milei. Mientras algunos ven esto como un paso necesario para erradicar la corrupción, otros critican el impacto que tendrá sobre los ciudadanos más vulnerables. La respuesta de la sociedad y la oposición será clave en las próximas semanas, mientras el gobierno continúa navegando un panorama político complicado.
Para más información sobre este tema y sus implicaciones, te invitamos a seguir el desarrollo de la noticia y participar en el diálogo sobre el futuro de las políticas sociales en el país.
